A fines de agosto la
cadena Telesur revelaba la existencia de un acuerdo de diálogo entre el
Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Horas después, el presidente Santos y el jefe de la guerrilla
"Timochenko" lo confirmaban en
apariciones separadas y desde entonces las expectativas del pueblo colombiano y
de toda la región están puestas en un acercamiento que, de avanzar con éxito,
podría terminar con la guerrilla más antigua de América Latina y con un
conflicto armado que dura desde hace medio siglo y ha causado millones de
víctimas entre muertos, heridos, secuestrados y desplazados.
“APRENDER DE LOS ERRORES DEL
PASADO”
Las negociaciones directas entre las FARC y el gobierno
de Santos comienzan formalmente este mes de octubre en Oslo y luego se
trasladarán a La Habana. En ambas ciudades, tal vez también en otras, las
partes implicadas abordarán cinco grandes temas: desarrollo rural y mayor
acceso a la tierra, garantías para el ejercicio de oposición política y
participación ciudadana, fin del conflicto armado, búsqueda de solución al
problema del narcotráfico y derechos de las víctimas. Para Laura Gil, experta
en relaciones internacionales y derechos humanos, el aspecto más polémico del
diálogo son “los mecanismos de justicia, verdad y reparación porque la
guerrilla siempre ha dicho que no aceptará pagar ni un día de cárcel”.
Cada delegación cuenta con un máximo de diez personas, de
las cuales cinco son miembros plenipotenciarios, y en total hay un máximo de treinta
representantes en cada delegación. El equipo del gobierno de Santos está dirigido
por el ex vicepresidente Humberto de la Calle, veterano político, e incluye al
ex director de la Policía Nacional y a un ex comandante de las fuerzas
militares entre otros.
La mayoría de los miembros elegidos por las FARC son
ideólogos y políticos con experiencia en diálogos anteriores. El grupo
guerrillero tomó además la iniciativa a la hora de incluir a una mujer en la
mesa de negociación, cumpliendo así con la Resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas que reafirma la importancia del papel de la mujer
en la solución de los conflictos. Se trata de Sandra Ramírez, viuda del
cofundador Manuel Marulanda.
Las negociaciones directas se producen luego de unas conversaciones exploratorias que comenzaron en febrero y que
se han regido, detalló Santos, por la voluntad de terminar con el conflicto y “aprender
de los errores del pasado para no repetirlos". Dos premisas que también iban
dirigidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país,
a la cual invitó a sumarse al diálogo. Sin embargo, el mandatario aclaró que las
fuerzas de seguridad del Estado mantendrán sus operaciones y presencia militar “sobre
cada centímetro del territorio nacional". El máximo líder de las FARC, por
su parte, afirmó en un vídeo difundido por internet que llegan a la mesa de
diálogo “sin rencores ni arrogancias".
Desde el comienzo de su
mandato en 2010, el presidente colombiano manifestó su compromiso de alcanzar
un acuerdo político de paz y ha ido preparando el terreno, por ejemplo
fortaleciendo el marco jurídico con la aprobación de la Ley
de Víctimas y de Restitución de Tierras, que pretende reparar económicamente a
las víctimas del conflicto y devolver las tierras ocupadas por las FARC y los grupos
paramilitares a sus dueños originales.
Éste es el cuarto intento para lograr el cese de
hostilidades con la guerrilla desde la década de los 80, cuando accedió al
diálogo por primera vez. Las últimas conversaciones datan de hace diez años,
durante el gobierno de Andrés Pastrana. El entonces presidente llegó a retirar
al Ejército de una zona del sur del país, pero el diálogo fracasó luego de una
serie de ataques rebeldes y desde entonces las partes han estado en guerra.
PAÍSES GARANTES Y
ACOMPAÑANTES
En el proceso actual, en cambio, hay dos diferencias
clave respecto a los anteriores: en primer lugar no se ha pactado la
desmilitarización de territorios ni tampoco un cese al fuego. Además, en esta
ocasión las conversaciones se llevan a cabo fuera de Colombia, principalmente
en Noruega y Cuba. Ambos países fueron designados como “garantes” de las
negociaciones, mientras que Chile y Venezuela son los “acompañantes”.
Consultado sobre la elección de estos países, el analista
internacional Horacio Calderón explica que “el acuerdo incluye a Venezuela dada la estrecha relación
entre el presidente Chávez y las FARC y Chile fue elegida porque el primer
mandatario Sebastián Piñera brinda al gobierno colombiano las garantías suficientes,
dado su perfil político insospechable de cualquier proximidad con ideologías de
izquierda”.
Sobre Cuba, añade que “es
un aliado histórico de las FARC y confiable para los líderes actuales de la
organización”. En lo que respecta a Noruega, “su participación como garante se
debe no sólo a que es la sede del Premio Nobel de la Paz, sino fundamentalmente
por haber albergado numerosas negociaciones, incluyendo las de Israel y la OLP
y en tiempos más recientes, las relacionadas con Filipinas”.
De los países
mediadores, el que más polémica ha desatado seguramente es Venezuela. Muchos
interpretan que Hugo Chávez trata de mostrar su cara más conciliadora para
ganar votos en los próximos comicios del país caribeño, cuando optará a una
reelección con la que en caso de vencer extendería su mandato a veinte años. Según
Calderón, el deterioro de la salud de Chávez también habría sido decisivo para
impulsar el proceso en Colombia: “Tal vez sin él en el poder, por una derrota
en las próximas elecciones, o por su fallecimiento, faltaría un acompañante
clave en el que pudieran confiar las FARC”.
VOCES A FAVOR Y EN CONTRA
En el ámbito internacional, la decisión de Santos ha
suscitado reacciones diversas, la mayoría favorables al diálogo como en el caso
de la Argentina, Estados Unidos y Venezuela. Según una encuesta publicada por
Ipsos Napoleón Franco el 77% de los colombianos también apoya las
conversaciones de paz, aunque es significativo que la mayoría se opone a las
concesiones necesarias para que tengan éxito. Sobre todo aquéllas que tienen
que ver con que los guerrilleros que están encarcelados en el exterior sean
liberados o que los líderes no paguen penas de cárcel, así como la posibilidad
de que participen en política.
Uno de los máximos críticos es el ex mandatario Álvaro
Uribe, quien durante su mandato (2002-2010) lanzó una ofensiva militar contra
la guerrilla con el apoyo de Estados Unidos y defiende una solución militar al
conflicto. En declaraciones a la radio local Caracol, Uribe calificó de “muy
grave” el proceso de paz con las FARC “sin cese de actividades criminales” y afirmó
que es una “bofetada a la democracia” que se permita a los guerrilleros formar
parte de la oposición política.
Más allá de la iniciativa de diálogo en sí, muchos son
escépticos sobre los resultados que se puedan obtener. Además existe el temor
de que la guerrilla aproveche la situación para recuperar espacio político y
militar tras la muerte de sus jefes Alfonso Cano y Jorge Briceño, alias
"Mono Jojoy". De hecho, los enfrentamientos con las tropas del
gobierno han continuado en los últimos tiempos y hay estudios que indican que los
ataques de este grupo aumentaron un 10% entre 2010 y 2011.
“En el mejor de los casos,
las FARC quedarían desmembradas frente a un futuro acuerdo de paz que muy
probablemente sería rechazado por parte de sus líderes y cuadros intermedios. ¿Qué
sucedería con estos potenciales disidentes? Pues lo mismo que con muchos de los
miembros de la desmovilizada “Autodefensa de Colombia” (AUC), que crearon las
bandas criminales conocidas como BACRIMS”, advierte Calderón.
El hecho de llegar a un acuerdo que permita resolver el conflicto armado dibujaría una nueva
realidad para un país atravesado por el dolor que dejan tantos años de guerra. Además,
supondría el fin de uno de los carteles de droga más importantes del mundo, ya
que las FARC se financian en parte gracias a la cadena de cultivo,
manufactura, distribución y venta de ilícitos. Es evidente que éste es uno de los factores que la guerrilla
valorará a la hora de negociar: ¿perder los ingresos que le supone el
narcotráfico a cambio de qué?
Uno de los reclamos
históricos de la guerrilla es la distribución equitativa de las tierras, un
tema sensible dado que, como explica Laura Gil, “las FARC, aunque en
menor medida que los paramilitares, se apoderaron de tierra ilegalmente (el último
estudio menciona 300 mil hectáreas)”. Y añade: “El fin del conflicto podría
permitir devolverlas a los campesinos, pero si el Estado no formula y ejecuta
una política agrícola, de poco serviría”.
Sin duda, la paz generaría grandes beneficios económicos
para el país. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, cree que Colombia
crecería entre uno y dos puntos porcentuales más cada año. De hecho, la revista
Dinero señala que la inversión anual
en materia de seguridad equivale al 3,5% del PIB o 14% del presupuesto
nacional. A estos costos hay que sumar las pérdidas millonarias que dejan los
atentados terroristas a la infraestructura vial, eléctrica, minera y petrolera.
También habría que considerar los gastos de las empresas privadas en seguridad
y las inversiones que cada año dejan de hacerse por el hecho de estar en
guerra.
Como contrapartida, los sectores público y privado deberían
asimilar la reinserción a la vida civil de los cerca de 8 mil combatientes que
componen las FARC. Según una encuesta publicada por Dinero, si bien la gran mayoría, cuatro de cada cinco empresarios,
es favorable a la iniciativa del proceso de paz, dos terceras partes de los
encuestados no aceptan pagar más impuestos para financiar las obligaciones
derivadas de un eventual acuerdo y sólo el 40% estaría dispuesto a contratar a
ex guerrilleros en sus empresas.
La paz puede estar hoy más cerca que ayer, pero el camino
está lleno de obstáculos y es importante que la sociedad colombiana sea
consciente del gran esfuerzo que supondrá alcanzarla y, sobre todo, que durante
los primeros tiempos serán mayores los costos que los beneficios. Sólo así se
consolidará un escenario que favorezca una paz duradera y estable. Será, en
cierta medida, el sacrificio de muchos por el bien del país y de las
generaciones venideras. Pero no nos precipitemos: primero hay que llegar a un
acuerdo.
Publicado en la revista argentina DEF octubre 2012
