Vera Cataño es licenciada en
Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también obtuvo un
Posgrado en Periodismo Sociolaboral. En la Argentina se ha desempeñado como
columnista internacional en Canal 9 de Mendoza y Canal 26 de Buenos Aires
Twitter: @veracatano / www.veracatano.com /
www.visionandina.blogspot.com / www.laletravive.blogspot.com
Por Vera Cataño – Con una tasa de desempleo de casi el 25% y los
últimos recortes aprobados por Mariano Rajoy, muchos se preguntan por la
situación del país que otrora fuera la octava potencia económica mundial.
Cuando parece que no puede ocurrir nada peor, llega otra
preocupante noticia desde España. En los últimos días, el riesgo país marcó un
nuevo récord al superar los 600 puntos y Valencia pidió un rescate al Gobierno,
convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en solicitarlo. Parece que le
seguirán Cataluña y Murcia, mientras otras regiones lo están estudiando. De
forma paralela, crece el malestar social por los recortes que anunció el
presidente Mariano Rajoy y las movilizaciones sociales se suceden día tras día.
El jueves de la semana pasada los principales sindicatos organizaron 80
manifestaciones que sacaron a la calle a miles de personas. Un escenario que se
volvió a repetir dos días después cuando desocupados procedentes de varios
puntos del país convergieron en Madrid con consignas como “El próximo parado
que sea un diputado”. Anteriormente, empleados públicos de distintos rubros
también se habían concentrado en varias ciudades en rechazo a la reducción de
su salario que prevé el plan de ajuste. Como dato nuevo hay que mencionar que a
algunas de estas marchas se han sumado miembros de las fuerzas del orden, un
hecho que contrasta con los episodios de represión que han protagonizado
algunos policías y antidisturbios.
EL NUEVO PAQUETE DE AJUSTE
Los recortes y reformas aprobados por el Gobierno han sido
bautizados como los más duros de la historia de la democracia española y tienen
como objetivo un ahorro de 65.000 millones de euros en dos años. La suba del
IVA entrará en vigor a partir del 1 de septiembre y establece un aumento del
tipo general de tres puntos, del 18% al 21%, que supondrá de media un
incremento de gasto de unos 415 euros por familia al año según calculó la
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El tipo reducido escala del 8%
al 10% y deja de gravar productos como espectáculos culturales, productos
sanitarios y funerarias, que pasarán al tipo general. España equiparará así su
IVA al de países como Bélgica, donde no obstante el sueldo mensual es el doble
que el de los españoles.
Por otro lado, se suprimirá la desgravación por compra de vivienda
nueva a partir de enero de 2013, apenas un año después de que el oficialista
Partido Popular recuperara esta medida. Se suspende también el pago del
aguinaldo de Navidad a los funcionarios y altos cargos de la Administración, a
quienes les supondrá una reducción salarial del 5,7% de media, informa el diario
El Mundo citando a fuentes del Gobierno. El recorte se compensará
íntegramente con aportaciones al fondo de pensiones de los funcionarios a
partir de 2015. También se reduce la prestación por desempleo: la cantidad que
perciben las personas que se han quedado sin trabajo pasará, a partir del sexto
mes, del 60 al 50% de la base reguladora.
Otra de las reformas incide en el comercio: se amplían los
horarios de las tiendas en días laborables, así como también los domingos y
feriados en los que podrán abrir. Además, se liberalizará el periodo de
rebajas, que hasta ahora estaban limitadas a dos campañas anuales. El Consejo
de Ministros también dio luz verde a recortes en los gastos ministeriales, la
gestión municipal y el número de cargos de la Administración local.
LA CLASE POLÍTICA, DESACREDITADA
El anuncio de los recortes ha caído como un jarro de agua fría en
una sociedad que se siente desalentada por la crisis y engañada por la clase
política. Los datos del Barómetro de Junio 2012 elaborado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) hablan por sí solos: cerca del 70% de la
población cree que la situación política general de España es mala o muy mala y
para los entrevistados la clase política es el tercer problema que existe
actualmente en el país, después de la desocupación y los problemas de índole
económica.
Apenas ocho meses después de asumir el cargo con una holgada
mayoría absoluta, Mariano Rajoy ya ha incumplido la mayoría de las promesas que
hizo durante la campaña electoral. Pero lo más grave es lo del IVA: el Partido
Popular criticó la anterior suba del Ejecutivo de Zapatero y fue definida por
el propio Rajoy como “el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus
compatriotas que ya están muy castigados por la crisis”.
Ahora, en cambio, el Gobierno considera que estas medidas son
“necesarias e inaplazables” para reducir el déficit público y dinamizar la
economía, y responden a criterios de “máxima justicia y equidad”. Éstos son
precisamente los puntos más criticados por la sociedad, compuesta en su mayoría
por las clases medias (las más perjudicadas por los recortes). Un rechazo que
comparten otros partidos políticos y la oposición socialista, que pese a no
hacer propuestas alternativas sólidas pidió que se retire el ajuste porque
considera que pone en peligro la paz social y que agudizará la recesión en que
está inmerso el país. “No tenemos libertad para elegir” es la respuesta del
oficialismo. Inquietante, ya que pone de manifiesto el progresivo
desplazamiento del poder de los representantes elegidos democráticamente a los
centros financieros.
El predecesor de Rajoy, el entonces líder del PSOE J.L. Rodríguez
Zapatero, tampoco lo hizo mucho mejor durante su mandato. No sólo negó la
crisis en sus comienzos, un fallo que le han recriminado distintos sectores por
considerar que la gravedad de la situación no habría sido tal de haber tomado
las decisiones adecuadas a tiempo, sino que una vez presionado por los
organismos europeos aplicó medidas de ajuste que poco tenían que ver con el
corte socialista del programa que lo llevó a ganar las elecciones en 2004 y
2008.
Además, en los últimos tiempos han salido a la luz decenas de
casos de corrupción en distintas formaciones políticas e incluso en la Casa
Real, que hasta ahora había sido “intocable”. No se libra ni el
Presidente del Tribunal Supremo, máximo órgano del Poder Judicial, quien
renunció el mes pasado luego de ser acusado de haber pagado varios viajes de
lujo injustificados con dinero público. Y por si todo esto fuera poco, ocurren
hechos insólitos como el exabrupto de la diputada del gobernante Partido
Popular (PP) Andrea Fabra, quien desde su banca del Congreso gritó “¡Que se
jodan!” luego de que Mariano Rajoy anunciara el histórico recorte. Además de la
económica, la crisis de valores se hace patente en el país.
EL LARGO CAMINO DE LA AUSTERIDAD
Los últimos recortes llegan después de otros muchos que se han ido
implementado en distintos ámbitos desde que comenzara la crisis, tanto por
parte del PSOE como del PP: educación, sanidad, políticas sociales, cultura,
ciencia e investigación, ayuda al Desarrollo, infraestructuras, políticas
activas de empleo… Y sigue la lista. Además, cabe mencionar las dos reformas
laborales, en 2010 con Zapatero y este año con Rajoy, ambas en la línea de
facilitar a las empresas el despido de trabajadores en nombre de la
“flexibilización” del mercado laboral. El caso es que, si hablamos de empleo,
España es el país con un porcentaje de desocupados más alto de toda la Unión
Europea, 5.639.500 personas según la última Encuesta de Población Activa. Una
realidad que muestra su peor cara a los jóvenes: más de la mitad de los menores
de 25 años carece de trabajo.
La actual crisis española comenzó en 2008, en el marco de la
crisis económico-financiera global que se había generado en Estados Unidos y
que luego se extendió a otros países. En España, las problemáticas
internacionales se suman a los efectos del fin del boom inmobiliario, en
un país cuyo crecimiento económico estaba basado en el sector de la
construcción. Los bancos habían concedido tipos de interés muy bajos que
favorecieron el endeudamiento, pero con el estallido de la burbuja muchas
personas empezaron a no poder pagar los préstamos que habían pedido. Desde
entonces, el sistema financiero comenzó su caída en picado motivando la
reciente intervención de la UE. Para Pablo, cocinero de 26 años, “la
responsabilidad es de las personas que se endeudaron muy por encima de sus posibilidades
y los bancos que concedieron todos esos créditos, sin garantía de solvencia”.
Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, escribía hace unos
días en su blog para The New York Times que España se enfrenta a tres
niveles de problemas: en un primer nivel están los bancos, luego viene la deuda
soberana. Lo que hace que el problema de la deuda sea tan grave, explica, es el
problema subyacente de la competitividad: “España necesita aumentar las
exportaciones para compensar los empleos que se perdieron cuando estalló su
burbuja inmobiliaria”. Krugman cree que Rajoy ha impuesto una severa austeridad
que quizás sirva para reducir el déficit, pero a costa de aumentar el desempleo
y no resolver de forma significativa el problema fiscal ni el de la competitividad.
Por eso el título de su publicación es: “Pointless Pain In Spain” (“Dolor sin
sentido en España”).
En una entrevista para el canal 24h de la televisión pública
(TVE), Jorge Fabra, fundador de la iniciativa Economistas frente a la crisis,
mostró también su desacuerdo con las políticas españolas para salir de la
crisis: “Se está utilizando el pensamiento económico, en vano, contra los
intereses generales del país”. Según Fabra, España está ante una crisis de
caída de la demanda efectiva (consumo, inversiones,…) que el Gobierno debería
compensar con un aumento del gasto público.
¿FIN DEL ESTADO DEL BIENESTAR?
Hasta que no se termine la crisis no podremos analizar el alcance
de sus consecuencias, pero sí vamos detectando algunas tendencias. En primer
lugar, nos encontramos ante una evidente erosión del Estado de Bienestar, al
menos tal y como lo entendíamos hasta ahora. En palabras de Salvador Cardús,
doctor en Ciencias económicas, ensayista y periodista: “Estamos cerca del fin
de la idea de un bienestar ilimitado, al que se le podían añadir ventajas,
servicios y prestaciones sin parar. Habrá que ajustar el Estado de Bienestar a
la riqueza del país, a su capacidad productiva”. Esto sumado sobre todo a la
elevada tasa de desempleo nos lleva a un segundo punto: el empeoramiento de la
calidad de vida y el aumento de la pobreza. Así lo ratifica un estudio de la
Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), que situó a España
como el país de la UE con un mayor Índice de Miseria.
La crisis también trae aparejada la precariedad laboral y una
sensación generalizada de incertidumbre que afecta a jóvenes y adultos. Andrés,
fotógrafo y realizador audiovisual de 27 años lo explica así: “Ha sido un
cambio radical. Hace cuatro años estaba recién licenciado e iniciando una
empresa propia. Ahora esa empresa está disuelta y trabajo como free-lance en lo
que puedo. No sé si podré ganarme la vida con aquello por lo que aposté
estudiando una carrera”. Para José Luis, abogado de 60 años, la situación tampoco
es fácil: “Antes podías tener el dinero en cualquier Banco; ahora hay que
pensar si es o no fiable. Antes las relaciones de trabajo de mi entorno
(empresa media y grande) eran económicamente seguras; ahora hay que vigilar si
pagarán o no. Antes el acceso al trabajo de un hijo universitario era seguro,
tarde o temprano; ahora no se sabe”.
La inestabilidad en la que se encuentran muchos ciudadanos tiene
también consecuencias psicológicas: “Muchos de mis pacientes se ven afectados
por la crisis y el paro; algunos incluso han llegado aquejados de angustias y
ansiedades en relación con una situación laboral incierta”, asegura Carmen
León, psicóloga clínica y psicoanalista.
Hay jóvenes que ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a un
primer trabajo y esto puede derivar en una generación perdida, tal y como
advertía hace poco la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El
sociólogo Salvador Cardús, en cambio, es prudente al respecto: “Se corre
demasiado en liquidar a una generación, creando un desasosiego inútil. En todo
caso, será una generación perdida para hacer lo mismo que hacían las
generaciones anteriores, pero sabrá buscar sus caminos alternativos y no se va
a perder, desde una perspectiva de futuro”.
Ante este panorama, muchos optan por marcharse. Según las últimas
estimaciones de población actual difundidas por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), más de 40.000 españoles emigraron del país en el primer
semestre del año y en 2011, por primera vez en una década, España registró más
movimiento de emigración que de inmigración. La mayoría de los que emigran son
jóvenes calificados que tratan de encontrar oportunidades laborales
principalmente en Europa, Estados Unidos y América Latina. Dentro de la UE,
muchos eligen a la principal economía: Alemania. Es el caso de Andrea,
ingeniera ambiental de 26 años que ahora vive en Friburgo: “Las dificultades
así como el ritmo de trabajo vago se contagian y me hacían apalancarme, al
contrario de la situación en la que me encuentro ahora: motivada al 100%,
exprimiendo mi cerebro a más no poder”.
El alto nivel de preparación de los muchos que dejan el país hace
que algunos analistas hablen de una fuga de cerebros en España, que vuelve así
a una tendencia de los años 40 y 50, en la época de la posguerra, cuando los
trabajadores emigraban a Alemania, Francia o la Argentina en busca de una vida
mejor.
Otra de las consecuencias que está teniendo la crisis es una mayor
dependencia del sector turístico. Como afirma David Levy, asesor financiero independiente,
“la gente está sufriendo y hay datos sociales muy preocupantes, pero España
recibe mucho turismo que permite seguir manteniendo cierto nivel de
crecimiento”. Sobre las perspectivas de futuro Levy opina que la recesión
todavía durará varios años y agrega: “Vamos hacia un cambio de modelo de
crecimiento más estable y sostenido”. El FMI, por su parte, prevé que España
prolongue la recesión durante 2013.
ESPAÑA Y LA UE
Una de las particularidades de esta crisis respecto a las
anteriores es que es global. Además, ocurre en un momento en que España forma
parte de la UE, donde los países miembros comparten un mismo mercado, una misma
moneda y donde se aplica una política monetaria única (el Estado no puede
devaluar el euro a diferencia de lo que podría haber hecho con la peseta).
El tamaño de la economía española y su capacidad de contagio al
resto de potencias hacen que Europa esté también en riesgo. Hasta el momento,
la UE ha otorgado un rescate a la banca de ese país valorado en 100.000
millones de euros. Otro dato que indigna a la sociedad, que considera injusto
tener que pagar con su dinero la devolución del préstamo cuando los
responsables de entidades bancarias como Bankia (incluido el ex director del
FMI Rodrigo Rato) están imputados por administración desleal o fraudulenta y
apropiación indebida, entre otros delitos. Más aún teniendo en cuenta que el
número de desahucios alcanzó un nuevo récord durante el primer trimestre del
año.
De todos modos, según un artículo publicado por el diario El
País, influyentes expertos señalan que cada vez es más probable una
intervención total de la economía española como ocurriera con Grecia, Portugal
e Irlanda. Tres casos en los que por cierto las medidas de austeridad no
parecen haber surtido el efecto esperado, con una cada vez más comentada salida
del euro del país heleno.
“En esta crisis hay ganadores y hay perdedores. Y no estamos ante
economistas incompetentes que estén aconsejando mal a los gobiernos, lo que
pasa es que hay una utilización de la crisis como coartada para cambiar el
modelo de convivencia social europeo (…) que hace transferencia de rentas entre
los sectores menos favorecidos y los más favorecidos”, explica Jorge Fabra.
Frente a las medidas de austeridad él defiende alternativas como los eurobonos,
la mutualización del riesgo y que el BCE dé liquidez directamente a los estados
para que su prima de riesgo sea menor.
Entonces, ¿se pueden hacer las cosas de otra manera? Veamos los
modelos de Islandia y Francia. Hace tres años, la crisis financiera impactó en
la economía islandesa y las autoridades nacionalizaron la banca, pero
rechazaron financiar el rescate de sus bancos. Desde entonces el país ha tenido
que enfrentar duros ajustes, pero a fines de 2011 ya logró crecer de nuevo. Por
otro lado, las políticas del presidente de Francia, François Hollande, también
demuestran que el ajuste no tiene por qué ser tan severo.
Existen alternativas, falta querer aplicarlas con todo lo que eso
puede implicar para los grupos de poder. La crisis es una de las más graves en
la historia reciente de España, pero también se desarrolla en un contexto donde
hay más actores implicados y la ciudadanía en su conjunto está mejor informada.
¿Sabrán estos actores canalizar el descontento colectivo e influir de forma
efectiva en las decisiones de la clase política y en un eventual cambio del
sistema? La sociedad entera lo está pidiendo a gritos.
Publicado en la revista argentina Debate
